Los datos
El universo de datos que presentamos comprende 45 compañías públicas (entre sociedades del estado, empresas del estado y sociedades anónimas) y otras 57 de índole privada con variable representación accionaria del Ejecutivo Nacional, la mayoría herencia del proceso de restatización de las AFJP. El primer gráfico presenta la totalidad de empresas e inversiones de acuerdo a rubro de actividad, donde marca tendencia el sector de servicios (39,78%) y energético (27,96%); y tipo de sociedad, donde encontramos un fuerte predominio de las sociedades anónimas sobre otras formas jurídicas (sumadas las empresas públicas y las inversiones representa un 87,82%).
Enfocando únicamente las empresas públicas, presentamos el segundo gráfico por rubro de actividad. Sólo 16,67% (siete) de esas empresas se encuadran en el sector energético. Cerca del 50% corresponde al rubro servicios (20), seguido por el 28,57% del financiero (12). El número menos abarcativo es el industrial, que apenas suma tres compañías. “El sector servicios es el predominante de la economía en un 60 o 65%. En ese sentido, el parámetro del esquema está totalmente representado”, analizó el Licenciado en Gestión de Políticas Públicas e integrante del modulo de Economía Política de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Pablo Ceballos.
Según el economista del Banco Credicoop, Leonardo Blejer, estas cifras demuestran que "en los últimos años la participación del Estado ha sido desigual. No hubo una política uniforme. Los rubros estatales más destacados son el energético, el científico-técnico y el bancario. Lo más resonante fue la estatización de YPF por su volumen y valor estratégico. Sin embargo, primero tuvo absoluta incidencia el Grupo Económico Local Petersen-Eskinazi, que propició el vaciamiento de YPF, aunque luego rectificó su postura y otorgó una participación mayoritaria del capital del Estado Nacional. Otras empresas que habían sido privatizadas no lograron ser alcanzadas, como es el caso de las telefónicas".
En el mismo sentido, reflexionó Julio Gambina, Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA (IEF-CTA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP): "En general, los países definen su desarrollo por el peso industrial. El bajo porcentual de ese rubro (7,14) pone en discusión si en la Argentina ha habido una política industrial en este tiempo. En realidad, se priorizó la armaduría antes que la fabricación. No hay una cadena de valor planificada y estructurada".
El siguiente gráfico presenta los rubros de actividad preferidos para la inversión estatal. En el caso de las 57 empresas en las cuales el Ejecutivo tiene acciones, el rubro energético goza de una mínima ventaja con respecto al sector servicios, mientras que el industrial duplica en valor absoluto al financiero.“Si bien el Estado heredó acciones de las AFJP y las retiene como inversión en determinadas empresas por una cuestión de sustentabilidad del sistema jubilatorio, el Anses además, administra una cartera propia de inversiones por intermedio del Fondo de Garantía y Sustentabilidad”, explicó Ceballos.
"Las AFJP se estatizan en 2009 a raíz del despliegue de la recesión económica mundial y de una crisis global que tenía principal impacto en el sector financiero, era un momento de fuerte devaluación de títulos", recordó Gambina. Si bien esto permitió que el Estado pasara a tener una fuerte participación en empresas del sector privado, "estructuralmente no se cambió la orientación del mercado, que impera desde el plan Martínez de Hoz en 1976 y se potenció en la década del 90', con lo cual el modelo productivo sigue sin ser gestionado por el Estado, salvo en unos pocos casos", concluyó el director del IEF_CTA.
En cuanto a los tipos de sociedades que privilegia el Ejecutivo para el sector público, se encuentra que el 72,73% de las empresas son Sociedades Anónimas . Un 22,73% corresponde a las Sociedades del Estado, en tanto que el 4,55% restante está conformado por las dos únicas Empresas del Estado: Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), ambas en el rubro energético.
Las Empresas del Estado fueron la primer tipificación jurídica elaborada para el funcionamiento de empresas públicas. Reglamentada durante el primer mandato del General Perón, permitió crear una estructura diferenciada tanto de la administración pública como de las sociedades comerciales de derecho privado. Se caracterizan por tener un doble régimen con un mayor acento en el derecho público que en el derecho privado. Años más tarde, durante el tercer gobierno de Perón, fue sancionada la ley Sociedades del Estado, permitiendo un mayor nivel de agilidad administrativa al homologar su funcionamiento con el de las sociedades comerciales. Funcionan mayormente en el marco del derecho privado, aunque tienen diferentes obligaciones y responsabilidades que otros tipos societarios. Se trata de un tipo jurídico que se ubica a medio camino entre una Sociedad Anónima y la anterior figura de Empresa del Estado. Por su parte, una Sociedad Anónima se rige por normas del derecho privado y leyes de concursos y quiebras lo que la diferencia sustancialmente de las otras. Además, los dueños son accionistas que pueden ser públicos o privados.
Para algunos especialistas, el desuso de las Sociedades del Estado responde a una cuestión de agilidad y dinámica. “Para el Estado, hoy en día es más conveniente su intervención en asociación pública privada, para no tener que cargar con el peso de todo el capital”, interpretó Ceballos. “Como el caso de YPF, donde el accionista mayoritario en un 51% es el Estado e impone decisiones tendientes a priorizar la inversión y el desarrollo por sobre la rentabilidad. No obstante, tiene una lógica privada en su administración y gestión, a tal punto que cotiza en bolsa y emite deuda al exterior”.
Otra visión sostuvó Gambina, para quien se debió haber operado una nacionalización total de YPF. En esta situación, "el Estado no es su propietario, sino que es una empresa privada de gestión estatal subordinada a las lógicas del mercado trasnacional", alertó.
Por su parte, Blejer aclaró: "Se dice que las Sociedades Anónimas con participación del Estado le dan agilidad a la economía, pero siempre es preferible que sean directamente empresas estatales. De todos modos, lo más importante es saber quiénes son los representantes en el directorio".
En ese sentido, en relación a quienes son esos representantes, podemos aportar otro dato sustancial: el 79,65% son hombres, mientras que apenas el 20,35% son mujeres.
Estas cifras corresponden a las máximas referencias administrativas en las empresas públicas (presidentes) y a todos los directivos designados en las empresas donde la participación accionaria lo habilita.
Esta evidente desigualdad encarna “la dificultad de las mujeres para llegar a puestos de jerarquía”, manifestó la diputada de la Ciudad (MC), Laura García Tuñón, actual directora de Coordinación Comunitaria de la Legislatura Porteña. “Cifras similares encontramos en el ámbito sindical (donde la participación jerárquica femenina representa un 25%), y seguramente también en el empresarial, a pesar de que hay poca información sobre el sector”, confirmó.
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“Cada modelo (el de empresa pública y el de inversiones) es distinto y debe analizarse por separado. La Sociedad Anónima es la herramienta más utilizada y adecuada porque se actualiza a los tiempos actuales en la modalidad de intervención del Estado. Además, no solo se trata de la cantidad de empresas por sector sino de su importancia y volumen de producción”, sintetizó Ceballos.
"Más que un plan de restatización de la economía, habría que avanzar en su socialización. Eso supone involucrar a los trabajadores y usuarios en la toma de decisiones, es decir, a los distintos sectores vinculados a la empresa. Esa participación popular no está en la agenda del Estado”, analizó Gambina.
Diferencias a parte, “la cantidad de empresas del Estado refleja la orientación de la política económica y del gobierno de turno, así como también, responde a determinadas oleadas en América Latina sobre la participación de ese estado en la economía regional", concluyó Blejer.
